Volver al pasado

La elección es entre dos modelos de país: el regresivo o el que extirpe de una vez y para siempre los males consentidos durante décadas de populismo

La reciente huelga docente, sumada a la marcha convocada por la CGT y apoyada por organizaciones sociales, parte de la oposición, todo el kirchnerismo, la izquierda dura, los piqueteros, algunos gobernadores y hasta empresarios pyme agrupados en CAME, demuestra el grado de incomprensión que existe respecto de las causas reales de los problemas que hoy aquejan al país.

Al unísono, todos los manifestantes reclaman cambios en la política socioeconómica del Gobierno, que implican volver al pasado. En la mira están las medidas que fueron indispensables para evitar la destrucción de la Argentina productiva, como la eliminación de las retenciones al campo (salvo a la soja), el aumento de tarifas, la supresión de controles de precios y la limitada apertura a las importaciones en rubros como la computación.

Como dichas medidas son interpretadas como favorables a los empresarios, ahora se exige al Gobierno que actúe por los trabajadores, eliminando los techos salariales, frenando los despidos, reactivando el mercado interno y prohibiendo importaciones de bienes de consumo.

Sin embargo, las causas últimas de los problemas que motivan los reclamos son estructurales y socavan el crecimiento argentino desde hace décadas. Detrás de cada obstáculo al desarrollo hay una distribución de ingresos patológica, lograda a través de influencias políticas y consolidada con años de hechos consumados, creadores de empleos y de liderazgos gremiales. Es tal el poder político de los intereses creados y son tan profundas las creencias populares, que los perjudicados terminan apoyando a los privilegiados. Se trata de la «falsa conciencia» tan cara a los marxistas. Y así, se evitan las reformas de fondo, repitiéndose los mismos errores del pasado.

El flagelo de la inflación -madre de todas las tensiones- tiene origen en el déficit fiscal. Y el déficit fiscal tiene por causa el enorme gasto corriente del Estado nacional, las provincias y los municipios. Más de 4 millones de empleados públicos, 7,5 millones de jubilados y pensionados y 8 millones de beneficiarios de planes sociales, son casi 20 millones de personas que deben ser sostenidas por los 8,5 millones que trabajan en el sector privado.

Esa es la causa de la «presión fiscal» que sufren las empresas y comercios que despiden o suspenden personal para evitar cerrar sus puertas.

Es el conocido efecto «expulsión», donde la apropiación masiva de recursos por parte del Estado asfixia e impide la supervivencia del sector privado por los costos que debe afrontar. Y la razón por la cual pocos emprendimientos nuevos se inician, ya que a nadie le atrae ser invitado a una fiesta para terminar pagando cuentas ajenas, como lo hemos visto en el caso de Vaca Muerta, donde se logró una solución sensata. Quienes están afuera, prefieren mirar por la ventana hasta que los argentinos recuperemos el buen juicio. ¿Cuántos empleados públicos redundantes estuvieron en la marcha, protestando codo a codo con quienes fueron despedidos de comercios e industrias?

Los empresarios de CAME quieren cerrar aún más la economía, repitiendo la vieja fórmula de aceptar altos costos mientras puedan vender con altos precios. Pero ¿en qué consisten esos costos? Además de la presión fiscal para alimentar a 20 millones de personas, su competitividad está afectada por impuestos al trabajo, que también «alimentan» las arcas de los sindicatos y constituyen la base de su poder. Pero al momento de marchar, están ambos, sindicalistas y empresarios, aunados para sostener el perimido modelo de economía cerrada, que ajusta su improductividad con crisis y devaluaciones.

También concurren los desocupados y los informales, sin advertir que la razón de no acceder a trabajos regulares son los costos abusivos que el sindicalismo prepotente, blindado por la personería gremial única, ha impuesto a las empresas y éstas han aceptado, en el entendimiento de que son trasladables a precios en el marco de una economía sin competencia.

En todas las marchas se incorpora la izquierda cerril, con sus banderas guevaristas y su prédica revolucionaria, total «cuanto peor, mejor» soñando con la dictadura del proletariado o su versión vernácula, el socialismo nacional. Y, en un segundo plano, vergonzantes, los kirchneristas, autores materiales de los desastres actuales, cuyo único objetivo es detener los juicios por corrupción y rellenar las alforjas con dinero, que ya están medio exhaustas, pues es difícil sacar fondos de Seychelles.

Es indispensable que los docentes perciban sueldos dignos, como parte de una política de jerarquizar la educación pública para cerrar la brecha educativa y lograr la igualdad con movilidad social. Pero los gremialistas ocultan que los sueldos son bajos porque los docentes son muchos y los fondos no alcanzan a pesar de la magnitud de sus presupuestos educativos. En realidad, está en juego su poder, que pivotea sobre estatutos docentes cuyos innumerables incisos sobre licencias permiten entender por qué la plata nunca alcanza. En ningún discurso se menciona la educación de los chicos, ni la calidad de la enseñanza y, mucho menos, la promoción de los educadores por mérito y no por simple antigüedad.

Los sindicalistas prefieren tenerlos como rehenes de la negociación colectiva, que permitir que sean dueños de sus vidas, con retribuciones vinculadas a su dedicación y esfuerzos personales. Prefieren retener su poder aun a costa de las aulas vacías.

En definitiva, son dos modelos de país en pugna. Si el país en blanco y negro prevalece, se continuará el modelo populista que conduce a Venezuela, sin pan y sin trabajo. Si se comprende que la Argentina debe efectuar reformas de fondo para extirpar la inflación, el déficit desbordado, el clientelismo en el empleo público, los privilegios de legisladores, los abusos en las jubilaciones provinciales, la vergüenza de sindicalistas millonarios, las cajas de las obras sociales para desviar fondos, los empresarios enriquecidos con contratos espurios o privilegios regulatorios, entre otros males consentidos durante décadas, éste es el momento para efectuar el cambio.

El Presidente se encuentra en una disyuntiva. Si cede a las presiones de los huelguistas y manifestantes, teniendo en la mira las elecciones de octubre, encontrará que también después de esos comicios habrá otros y sus lectores de encuestas le señalarán buenas razones para no encarar nunca las reformas estructurales que harán cambiar al país. Y terminará su mandato – en el mejor de los casos -, sin pena ni gloria.

Si, por el contrario, entiende que su principal compromiso es cumplir con esa promesa, debe olvidarse del corto plazo y, con liderazgo político, mostrar el futuro que ofrece a los argentinos, para enamorarlos con un paradigma diferente. Si logra transmitir ese camino y ese destino, es probable que gane estas elecciones y las siguientes. Porque en nuestro país no basta una renovación de lo existente, sino un cambio desde los cimientos.

Fuente: La Nación