Una vez más, la Justicia falló en contra de los anestesistas

Ordenó a los profesionales brindar las prestaciones a pacientes públicos y privados. La medida obliga a Adaarc, pero también a cada profesional en particular, y no tiene plazo.

Un día después de que se concretara sin resultados positivos la audiencia de conciliación entre la Provincia y la entidad que nuclea a los anestesistas cordobeses, la Justicia dispuso hacer lugar a la cautelar presentada por el Ministerio de Salud de Córdoba contra los profesionales.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de 2ª Nominación ordenó a la Asociación de Anestesiología, Analgesia y Reanimación de Córdoba (Adaarc) y a cada uno de sus afiliados, “la inmediata continuidad y efectividad del servicio de prestaciones médico anestésicas” para todos los pacientes y afiliados de obras sociales que son atendidos tanto en el sector privado como público de la provincia de Córdoba.

Los jueces María Inés Ortiz de Gallardo y Humberto Sánchez Gavier también dispusieron que el amparo tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.

El tribunal ordenó, además, que la Adaarc notifique la existencia de la cautelar en forma fehaciente a cada uno de sus asociados.
Ahora, todos

Con la nueva medida, la orden judicial que ya pesaba sobre los anestesistas obligándolos a brindar la totalidad de las prestaciones a los afiliados de Apross ahora se extiende a los pacientes públicos y del resto de la seguridad social.

La presentación de la cautelar fue realizada por la Provincia el martes pasado, luego de que los profesionales suspendieran el día anterior las prestaciones a los afiliados de la totalidad de la seguridad social, con la sola excepción de las urgencias y emergencias.

El paro de los anestesistas se produjo después de que, a fines de la semana pasada, el mismo tribunal renovara la cautelar presentada tiempo atrás por Apross para garantizar las prestaciones anestésicas a sus afiliados.

En desacuerdo con la orden judicial, los profesionales anticiparon por la prensa que el lunes no atenderían por Apross, medida que luego extendieron al resto de las obras sociales y prepagas.

En tal sentido, en los considerandos de la medida judicial de ayer, el tribunal hace referencia a las notas suscriptas por las clínicas Romagosa, Chutro, Sanagec, Vélez Sársfield, hospital Italiano, sanatorio Mayo, Sucre, instituto Oulton y Conci Carpinella, en las que se detalla la cantidad de cirugías programadas a pacientes de distintas obras sociales que debieron ser suspendidas por la medida de los anestesistas. A su vez, los jueces consideran el acto anestésico como un servicio médico esencial, y advierten que “es menester tener presente que la interrupción total o parcial de las prestaciones anestesiológicas por los anestesistas en forma personal o colectiva afecta la continuidad de la cobertura médica hospitalaria y sanatorial, comprometiendo derechos humanos, toda vez que la suspensión de las prestaciones vulnera en forma directa derechos constitucionales básicos” del paciente y de su familia.

Fortuna, a su turno, señaló que el fallo “ahora da cobertura a todos los ciudadanos de la provincia para todas las prestaciones anestésicas, y no sólo a los afiliados de Apross, en defensa del derecho a la salud”. “Y así como corresponde que el Ministerio cumpla su parte, les pido a los anestesistas que reflexionen sobre su contenido y sobre la necesidad de cumplir la ley al igual que todos los demás ciudadanos”, dijo. “En ese marco, las puertas del Ministerio están abiertas para dialogar y encontrar una solución”, afirmó.

Fuente: La Voz del Interior