Resultados de la democracia transformada en una competencia populista

Hace rato que se observa en la política nacional una rivalidad por algún cargo público y para alcanzarlo se ofrece todo tipo de planes sociales al votante

11-06-2019 – En nombre de la solidaridad social muchos que se dicen demócratas, en nombre de la solaridad social, le quitan el fruto del trabajo a los que se desloman todos los días con su labor y lo reparten entre millones. Digamos que «compran» votos con la plata del contribuyente. Si uno propone desarmar esa competencia populista, la respuesta inmediata es: «te incendian el país».

Mi respuesta es que el país se va a terminar incendiando de todas maneras si no  se sale rápidamente de esta locura en que cada vez son menos los que producen y más los que consumen sin producir, utilizando al Estado para que se apropie del trabajo privado para que les transfiera una parte a ellos.

Establecer la relación entre la gente que todos los meses pasa por la ventanilla del estado a buscar algún cheque y cuántos aportamos para pagar esos cheques no es tarea sencilla. Los llamados programas sociales están distribuidos a lo largo de todo el Presupuesto. Unos programas los maneja la ANSES, otros el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, otros el Ministerio de Trabajo, otros reparticiones que dependen de algún ministerio pero están separadas de ese ministerio en el presupuesto. Una tarea titánica es buscar todos los datos.

De todas maneras, recurriendo al informe del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y al Presupuesto Nacional, se puede tener una aproximación de cuántos pasan por las ventanillas del Estado a cobrar un cheque todos los meses.

Sin haber incluido todos los planes sociales y tomando el total de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, casi 22 millones de personas pasan todos los meses por alguna ventanilla del Estado para cobrar algún tipo de subsidio, y afecta el resultado de la caja del Ministerio de Hacienda.

Me apuro a aclarar que incluyo a los jubilados porque en un sistema de reparto la gente no ahorra a lo largo de su vida laboral, se limita
a pagar un impuesto para mantener a los que están retirados de la vida activa. Es decir, trabajadores y empresas pagan un impuesto sobre la nómina salarial para financiar a los que actualmente están jubilados.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Trabajo correspondientes a marzo último, en el sector privado trabajan 8,6 millones de personas, incluyendo a asalariados de casas particulares. Los autónomos son una especie en extensión y el grueso está entre los empleados privados en relación de dependencia y los monotributistas puros, es decir que no tienen otra actividad.

Si se suma los jubilados y pensionados y los que entraron al sistema sin haber aportado, hay, redondeando, 6,8 millones de beneficiarios. Y un interesante trabajo de IDESA ha detectado que 1,2 millones de personas cobran doble beneficio previsional. Es como el caso de Cristina Fernández de Kichner que viene cobrando su pensión como ex presidente y como viuda de Néstor Kirchner.

Ahora bien, si hay 8,6 millones de personas en el sector privado aportando, surge una relación de 1,26 personas en actividad por cada jubilado y pensionado. Si se agregan los empleados públicos en el orden nacional, provincial y municipal esa relación se eleva queda en 1,7 personas en actividad por jubilado y pensionado. Como se necesitan 4 activos por cada pasivo para poder estar en equilibrio, se entiende porque la mayoría de los jubilados cobran mendrugos. Gracias al kirchnerismo que agregó al sistema 3,5 millones de jubilados sin que aportararn nada, todos son pobres.

Lo que surge de las dos infografías previas es que 8,6 millones de personas tienen que aportar para financiar aproximadamente a 22 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar su cheque. No se incluyen todos los programas activos, sino los que figuran en el listado que son los accesibles.

Uno de los datos más impactantes son las pensiones por invalidez laboral que suma poco más de un millón de beneficiarios.

El gráfico previo muestra la evolución entre 2003 y 2019 de la cantidad de beneficiarios de pensiones por invalidez. Puede diferir en algo
con los datos de la primera infografía porque unos son tomados del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y otros del Presupuesto Nacional para el corriente año.

Entre 2003 y 2015 las pensiones por invalidez saltaron de 81.539 a 1.011.476 ¿El kirchnerismo quiere hacer creer que la Argentina tuvo de golpe casi un millón de inválidos sin tener una guerra, un terremoto o un tsunami?, para poder justificar semejante incremento. Se estima que durante la Segunda Guerra Mundial participaron 12,2 millones de soldados de EE.UU. Murieron 407.000 y 671.000 fueron heridos.

Y hay datos que circulan en las redes sociales que revelan que en algunas pequeñas poblaciones del norte argentino donde, por ejemplo, hay 15 personas con el mismo apellido, que no es García, González, ni Fernández, que reciben pensiones por invalidez, y que, que llegan a representar entre el 16% y 28% de los habitantes del distrito.

Concentración de los casos de invalidez

Las provincias que tienen más porcentaje de beneficiarios de pensiones por invalidez respecto a su población son: Chaco 7,93%; Santiago del Estero 7,52%; Córdoba 6,97%; Misiones 6,92% y el resto del listado se concentra en el NOA y NEA. En conjunto concentran, aproximadamente el 56% de ese tipo de beneficio.

Cuando se ve que el empleo público en las provincias creció en un promedio de 70% entre 2003 y 2017; que los senadores tienen un promedio de 25 asesores cada uno y falta explicar 4.000 empleados más que figuran como planta transitoria y permanente del Senado y nadie sabe qué hacen; que la Cámara de Diputados tiene 5.287 empleados para 257 diputados, da un promedio de 20 por legislador; que en la Legislatura de CABA hay unos 2.500 empleados para 60 legisladores (casi 42 por cargo lectivo); que en los municipios pasa lo mismo y se agrega la infinidad de planes «sociales» y jubilados que cobran doble jubilación gracias a la moratoria que alegremente se entregaron durante las presidencias de Néstor y de Cristina Kirchner, se llega a la conclusión de que no es que el país estalla si uno quiere cambiar todo esto.

La realidad es que es parte del negocio de la política en esta competencia populista que se consolidó durante la democracia;  y que el miedo no es que estalle todo, sino que muchos políticos pierdan parte de su negocio electoral.

Esta competencia populista por ahora funciona en base a explotar a unos pocos que producen para repartir el fruto del trabajo entre legiones de empleados públicos, planes sociales, piqueteros que le hacen la vida imposible a aquellos que van a trabajar para justamente mantenerlos a ellos.

El cálculo del político es: «a estos 8,6 millones de contribuyentes los tengo cautivos y les saco cada vez más plata para repartir entre estos casi 22 millones de beneficiarios».

En definitiva, cuando me preguntan: ¿y qué hacemos con esas 22 millones de personas, los dejamos morir de hambre? Mi respuesta es que tarde o temprano, si se sigue con este festival populista, esos 22 millones se van a morir de hambre porque no va a quedar nadie dentro de los 8,6 millones que quieran trabajar para mantenerlos.

Con esta competencia populista, la Argentina se está apagando como país, y lo más grave es que la dirigencia política Argentina no toma conciencia del país fallido que está haciendo con esta falsa solidaridad social y estado de bienestar.

Fuente: Roberto Cachanosky – Infobae