Las empresas se preparan para la mega recesión y creen que las medidas del gobierno no alcanzan

Se calcula en hasta 3% del PBI la caída de la economía. Y la preocupación es el acotado margen fiscal para tomar medidas más fuertes de sostén al empleo

20-03-2020 – Los técnicos del Banco Central ya están revisando sus cálculos sobre el impacto de la crisis del coronavirus en la economía. Seguramente, los números anteriores -que el golpe equivaldría a medio punto del PIB, unos u$s2.000 millones- a esta altura se quedaron cortos.

A tan sólo dos semanas de aquella presentación, en el Directorio de la entidad oficial queda claro que el shock sobre la actividad será mucho más fuerte.

En Wall Street y en la City porteña las estimaciones preliminares ya hablan de un costo de entre un punto y un punto y medio del Producto. Es decir, que el PBI podría terminar este año con una contracción severa, de entre 2,5% a 3,0%. Se transformaría entonces en el tercer año consecutivo de recesión. Pero esta vez en un contexto mundial profundamente contractivo.

La apuesta del Gobierno es que esta tendencia sea lo más morigerada posible y, por ese motivo, el gabinete económico anunció una batería de medidas.

Según cálculos de la consultora PxQ -dirigida por el ex funcionario Emmanuel Álvarez Agis-, el estímulo fiscal anunciado por el Ejecutivo ascenderá a unos $523.000 millones. El equivalente a dos puntos del PIB.

Podría ser un monto atendible -aun cuando queda por debajo de lo anunciado por países desarrollados como Francia (14,1% del PIB), España (8,8%) o los Estados Unidos (4,0%)- pero que igual queda relativizado cuando se analiza el verdadero impacto de cada medida.

Así, queda en claro que sólo una parte de todo el anuncio implica una erogación directa de dinero. Se trata de los montos de suma fija que, por única vez, se les dará a jubilados de la mínima, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo o bonos para los planes sociales.

En total serán $37.747 millones que, a falta de un financiamiento nuevo, el Banco Central tendrá que emitir (o los otros Ministerios ajustar) y que se distribuirán entre los ciudadanos más desprotegidos ante la crisis.

El resto de los anuncios tendrán un impacto mucho menos visible. Se trata, por ejemplo, de $100.000 millones que se focalizarán en la obra pública. Fondos que se distribuirán a lo largo del tiempo y de ninguna manera tendrán un efecto de corto plazo.

Lo mismo pasa con el plan de financiamiento de capital de trabajo por $350.000 millones. No implica un esfuerzo fiscal que vaya a ensombrecer el perfil de las cuentas públicas.

Poco margen para el keynesianismo

Distinto fue el caso de Italia, que anunció un esfuerzo fiscal por el equivalente a 1,2% del Producto (unos u$s25.000 millones), que provocarán el inmediato alivio en lo que tributan empresas e individuos.

Hecha la aclaración, parece lógico que Alberto Fernández autolimite la responsabilidad del Estado en medio de la crisis.

De alguna manera, el jefe de Estado asume que, hoy en día, el país tiene escaso margen para realizar política económica. Y que se ve obligado a ser muy cauto al aplicar las típicas herramientas de las que disponen los gobiernos para asimilar los shocks externos.

Los más ortodoxos dirán que si el BCRA acelera la emisión de pesos en un marco de mayor agujero fiscal («darle a la maquinita»), por lo que esa movida decantará en un proceso de mayor inflación.

Y si así no fuera, existe otra barrera a un plan keynesiano furioso. Lo que hoy puede aparecer como una solución, más adelante podría ser un dolor de cabeza. Con una deuda que el propio Presidente define como «insostenible», un fuerte incremento del rojo fiscal pondría a la renegociación de esa deuda en el umbral del fracaso.

Si, como suele argumentar el ministro Martín Guzmán, la economía argentina debe volver a ser viable, sustentable, entonces existen claros limitantes a un agrandamiento del déficit de las cuentas públicas.

La contracara de ese nivel de prudencia es el alto costo social al que puede enfrentarse la Casa Rosada en el corto plazo.

En concreto, a un aumento en la cantidad de desocupados. Ciudadanos que se quedarían sin trabajo en medio de lo que puede llegar a ser una depresión económica.

Como no podría ser de otra manera, hoy el escenario está dominado por la agenda sanitaria. Pero la tensión de fondo refiere a lo que se pronostica como un agravamiento (de magnitud) de la recesión económica.

Y entonces es cuando el paquete anunciado en la tarde del martes queda chico. No alcanza para hacer frente a la gravedad del momento.

La cuarentena total, como es lógico, dejará en funcionamiento sólo a un exclusivo club de comercios. Los indispensables. Nada más. Todo el resto cerrará las persianas hasta nuevo aviso.

El anuncio presidencial deja en claro que esta no será una nueva recesión económica. Se trata de una grave depresión, que sin dudas dejará malheridos.

El desempleo, la amenaza principal

Tan dramática resulta la situación -por lo estrictamente sanitario pero también desde el punto de vista social- que en los últimos dos días se vieron a empleados de comercio reclamando la clausura de los principales shopping centers del país.

Sin dudas, una protesta histórica: no deben existir muchos más ejemplos de trabajadores pidiendo a los gritos el cierre de sus lugares de trabajo.

A no confundir: no se trata de analizar si a esos empleados los asistía la razón o no. Se trata de visualizar que el gremio de los empleados de comercio reúne a la friolera de un millón de personas.

O más de un millón, que ahora se quedan sin actividad, hasta que mengüe el virus. Los comercios donde ese número de gente se desempeña se quedará sin facturación hasta que las cosas vuelvan a una normalidad. El problema es que nadie sabe cuándo.

Y en realidad, la magnitud puede ser mucho más dura de lo que muestre la estadística. Para el Indec, el desempleo está en 10,6%, pero en las cifras oficiales nunca se considera como desempleado a un monotributista o pequeño comerciante al que súbitamente se le desplomen los ingresos.

Ese potencial explosivo del desempleo es el que, en todos lo países, se ubicó en el centro de las preocupaciones gubernamentales.

Cristiano Rattazzi, el polémico empresario de la FIAT, ya avisó que no hay más espacio para buscar ayuda en los dueños de empresas.

«Las empresas están muertas bajo una cantidad de impuestos que no hay en ningún otro lugar del mundo. Ingresos brutos desapareció hace 60 años y no hay nadie que aplique retenciones a las exportaciones», apuntó Rattazzi al diario La Nación.

A diferencia de los países centrales, el Estado argentino tiene un margen escaso para volcar recursos y evitar el desplome económico al que expone la pandemia.

En la anterior crisis global, en 2008 y 2009, Cristina Kirchner había puesto en práctica distintas medidas que implicaron un costo fiscal: hubo créditos subsidiados (de la ANSES), pagos parciales de salarios por parte del Estado (Repro) o líneas para empresas, con el objetivo de que no despidan (préstamo a la General Motors).

De esa lista, ahora sólo se recurrió a los Repro.

Claro, era un contexto muy diferente: en aquel entonces el Gobierno se había hecho con una caja millonaria, proveniente de la reestatización de los fondos jubilatorios que manejaban las AFJP. Y eso permitía usar los recursos con un criterio «keynesiano» de incentivo a la producción con un timing contracíclico.

Tal vez el único parecido entre este momento y aquel es que los sindicatos están dando señales de comprender que la prioridad -justo ahora- no es pelear la recuperación del salario sino garantizar el sostenimiento del empleo. Y dan señales de que, como hace una década, las paritarias se enfriarán a la espera de que pase lo peor.

Pero el resto del contexto es radicalmente diferente. Aquella Argentina tenía reservas abundantes en el Banco Central, un tipo de cambio alto (y aun sí se permitió devaluar) y una inflación relativamente controlada. Ahora, los remedios clásicos brillan por su ausencia: una expansión monetaria puede rápidamente irse a los precios y los recursos fiscales son limitados.

Es por eso que el test más fuerte para Alberto Fernández será el manejo del clima social, sobre todo si la crisis se prolonga más de lo previsto y las empresas muestran dificultades para seguir pagando los salarios.

En este momento de la Argentina, todas las prioridades cambiaron: evitar una megacrisis de desempleo es la consigna de la hora. Pero claro, sin armas para aplicar una receta «a la europea».

Fuente – Claudio Zlotnik – iProfesional