El impuesto País está incluido en la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública” aprobada en los albores de la presidencia de Alberto Fernández a fines de 2019. En el artículo 32 de esa ley se desarrolla su aplicación, explicándose que estará vigente por 5 años, y que aplicará tanto para las personas que compren divisas para atesoramiento como para quienes usen tarjeta de crédito o débito para la cancelación de gastos o extracción de monedas o billetes extranjeros en el exterior. Según la ley, también alcanza a “los servicios prestados por sujetos no residentes en el país”, pagados con tarjeta de crédito o débito o “cualquier otro medio equivalente que determine la reglamentación” y para “quienes adquieran servicios en el exterior a través de agencias de viajes locales también deberán pagar el recargo del 30%. Esto incluye boletos aéreos, marítimos y terrestres”.
Según las razones de Guzmán, la vigencia de este impuesto es uno de los argumentos a favor de mantener la posibilidad de acceder al dólar ahorro en el tiempo; con un tope de 200 por persona cada mes. El ministro de Economía fue el principal defensor de este derecho, con argumentos y marketing lo suficientemente sólidos como para torcer la opinión de Pesce y el resto del gabinete económico; y llevar a Alberto Fernández a defender la postura del titular del Palacio de Hacienda. Según Guzmán, y además de las cuestiones fiscales, suspender la posibilidad de acceder a los 200 dólares, hubiera provocado llevar la brecha cambiaria a más de un 80%, con una posterior presión inflacionaria extra de entre 10 y 15% sobre los insumos en dólares. Esto además de perjudicar la variable económica más débil que debe combatir el Gobierno nacional: la falta de confianza y credibilidad del público ante el futuro económico del país. Por ahora, en toda la política cambiaria, manda Guzmán. El ministro tiene hoy casi plenos poderes económicos y fiscales dentro del Gabinete, cucardas ganadas luego del proceso de reestructuración de deuda, quizá, para muchos, hasta hoy el principal logro de toda la gestión Alberto Fernández y que tiene al titular del Palacio de Hacienda como el principal responsable.
Tal como adelantó este diario, el economista de Columbia inauguró en septiembre dos nuevos desafíos propios: la elaboración del Presupuesto 2021 (pero con definiciones plurianuales hasta el fin del Gobierno de Alberto Fernández) y la estabilización de la política cambiaria.
Fuente: Carlos Burgueño – Ambito Financiero