La magia de los economistas argentinos no funciona

El economista advierte que "si continuamos hablando y actuando con las mismas ideas de los últimos ochenta años, seguiremos cometiendo los mismos errores". Por eso, propone "revisar nuestra cadena de pensamientos".

24-09-2019 – Si miramos los datos relevados por el Banco Mundial (BM), observaremos que la Argentina es el país que estuvo más tiempo en recesión desde 1950. Y si analizamos los datos del proyecto de Angus Maddison o de Hans Rosling, quienes por vías separadas se dedicaron a medir el crecimiento de los países en el largo plazo, constataremos que Argentina es el país que menos crece desde 1913.

Pareciera que el estatismo, es decir, la preminencia o la exaltación del Estado por encima del individuo y de las demás entidades sociales, tiende a la inmovilidad de lo estático, a permanecer en su mismo estado, mientras otros países nos van superando cada década.

El párrafo precedente debiera ser suficiente para comprender que si continuamos hablando y actuando con las mismas ideas de los últimos ochenta años, seguiremos cometiendo los mismos errores. Es necesario revisar nuestra cadena de pensamientos.

Por ejemplo, según los artículos periodísticos el equipo del candidato con mejores perspectivas a ganar las elecciones está hablando, además de reprogramar la deuda pública, de hacer un gran acuerdo nacional para regular salarios, tarifas, tasas de interés, tipos de cambio múltiples, y aumentar el salario mínimo (que quedó rezagado contra la inflación). Sin embargo, todo eso se ha probado en Argentina y nada de eso ha funcionado. Tal vez, creen que los alquimistas anteriores no habían logrado las proporciones exactas para generar la fórmula infalible.

Mejor sería que releyeran la Teoría de los Precios Aplicada de Deidre McClosckey (derivada de los principios de Carl Menger y Böhm Bawerk) u otros similares. Allí descubrirían, por ejemplo, que aumentar el salario mínimo implica reducir el sueldo de los más desfavorecidos, de quienes tienen menos habilidades y están en situación más precaria, a cambio de beneficiar a los trabajadores que están relativamente en mejor estado.

Es fácil de comprender: más de un tercio de la economía argentina es informal, es decir, allí no se cumple ninguna ley ni protección al trabajador. Es un viejo principio de la época colonial: las leyes “se acatan pero no se cumplen”.

Ahora bien, supongamos que el Estado tuviera la capacidad y el coraje de cerrar todas aquellas empresas que no cumplen con la ley, ¿la economía funcionaría mejor o peor? Un exjuez, famoso por su moñito, me contó hace muchos años que decidió jubilarse cuando constató que un pueblo entero había caído en desgracia luego de que él aplicara la ley penal tributaria para cerrar una empresa.

Imaginen ese efecto multiplicado por cientos de miles. Resulta evidente que cerrar todos los establecimientos informales generaría una crisis atroz en Argentina.

Las personas que trabajan en ambientes no regulados, con mala ventilación, bajos salarios y que trabajan muchas horas porque les pagan por el volumen producido, empeorarían su situación si el Estado clausurara su lugar de trabajo.

Una vez que tenemos claro que este sector va a seguir existiendo, pensemos lo que ocurre cuando el Estado decide aumentar el salario mínimo por encima del salario de equilibrio del mercado libre. Simplemente habrá menos empresarios demandando empleados con ese salario más alto en el sector formal, que se verá reducido, y al mismo tiempo habrá mayor cantidad de gente buscando trabajo a esos nuevos salarios, el lógico resultado es que aumentará el desempleo en el sector formal de la economía.

Este exceso de mano de obra se desplazará a buscar trabajo en el mercado informal, aumentando la oferta de trabajadores y reduciendo el salario de los más desfavorecidos. Un análisis equivalente puede hacerse con cualquiera de los beneficios sociales que se otorgan a los empleados en el sector formal de la economía.

La obvia conclusión es que el objetivo primario de cualquier gobierno debiera ser reducir el sector informal. Pero, como hemos visto, esto no se consigue con mayor rigor, ni cerrando los establecimientos que no logran cumplir con la inmensa cantidad de regulaciones e impuestos. Lo que necesitamos es dejar de ver a los microemprendedores y pequeñas empresas del sector informal como enemigos sociales, y descubrir que en realidad son verdaderos héroes del progreso que crean riqueza en situaciones precarias.

Entonces, comprenderemos la necesidad de reducir a un mínimo indispensable las regulaciones de todo tipo, incluyendo las relaciones laborales, y eliminar la enorme presión impositiva que los abruma.

Si bajamos impuestos y regulaciones mejorará el salario real formal de manera genuina, y habrá más gente que se desplazará a ese sector, lo cual aumentará también los salarios reales de los trabajadores que queden en el sector informal, y reducirá la brecha entre ambos sectores, eliminando progresivamente los beneficios de la informalidad en un proceso que se convierte en un círculo virtuoso.

La consecuencia lógica de este fenómeno es el aumento de la productividad de toda la economía, porque las empresas formales tienen mayor acceso al crédito y por ende a la inversión en tecnología, que es la clave que permite pagar mayores salarios. Esto a su vez, permitirá aumentar la recaudación total, a pesar de haber eliminado muchos impuestos. Es lo que está detrás de la famosa curva de Laffer.

Conclusión: toda mejora de salarios impuesta por el Estado (o los sindicatos) en el mercado formal, implica una desmejora para los trabajadores en el sector informal.

Fuente: Agustín Etchebarne – Ambito Financiero