La intervención de Vicentin podría llegar a la Corte Suprema

El juez del concurso puede oponerse a la decisión adoptada por el Gobierno nacional. La empresa anticipó que entablará medidas judiciales. El fiscal (jubilado) de las cámaras Civiles y Comerciales de Córdoba, Francisco Junyent Bas, consideró que el DNU está viciado constitucionalmente

10-06-2020 – Mientras el Gobierno nacional se prepara para enviar un proyecto de ley que permita expropiar la empresa Vicentin, es de esperarse que la polémica decisión tenga su disputa en el Poder Judicial y pueda, eventualmente, llegar hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Luego de la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, la cerealera advirtió en un comunicado de prensa de la posibilidad de avanzar con eventuales acciones judiciales. “Estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas”, afirmó el directorio de Vicentin.

El principal cuestionamiento de la decisión del Gobierno es lo relativo a las facultades que se arrogó el Ejecutivo, al intervenir una empresa que está inmersa en un proceso judicial, pasando por encima al juez del concurso.

Al ser consultado por Comercio y Justicia, el especialista en quiebras y concursos Francisco Junyent Bas fue tajante: “El Poder Ejecutivo carece de toda facultad de intervención en una sociedad privada, esta sociedad que se acaba de concursar está dentro de un proceso verificatorio, está bajo el régimen de una ley”.

Así las cosas, el fiscal (jubilado) de las cámaras Civiles y Comerciales de Córdoba aclaró que el juez del concurso Vicentin tiene la facultad de oponerse y rechazar la  intervención de la empresa si tiene en cuenta que “le están sacando facultades propias de la judicatura.”

Si esto ocurriere, el caso deberá ser analizado por la Cámara Civil y Comercial y, eventualmente, el caso podría llegar a la CSJN, por vía extraordinaria.

Además de ser una decisión que “atenta contra el Estado de derecho”, Junyent Bas advirtió de que la expropiación implica al país afrontar el pago de total del pasivo de Vicentin, que aún no fue verificado.

“Si querían avanzar con una expropiación, deberían haber esperado que termine el proceso de verificación y no hacerlo ahora asumiendo el pasivo total, lo cual es sumamente grave. Debieron esperar que termine el proceso. “Recién cuando se abre el artículo 48 podrían, a través de cualquiera de los entes estatales comprar el paquete accionario”, explicó el ex fiscal.

“De esta manera se lleva por delante al Poder Judicial, se confunde empresa con sociedad y se asume la totalidad del pasivo, cuando en realidad -si se actuara legalmente y oportunamente- se asumiría el pasivo auténticamente verificado y no se pagaría de más por las acciones”, aseguró Junyent Bas.

Fuente: Comercio y Justicia