Inspección de Personas Jurídicas: Asociaciones Civiles y Fundaciones al borde de un ataque de nervios.

17-09-2021 – La digitalización que la Provincia está llevando a cabo en la mayor parte de sus reparticiones avanza cada vez más rápido. En cumplimiento de la Ley de Modernización, se ha acelerado en varios frentes y en procesos de todo tipo, desde administrativos internos hasta los relacionados con la atención al cliente.

Uno de los organismos que más han implementado esta estrategia es la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), donde casi el 100 por ciento de la actividad tiene carácter no presencial.

Sin embargo, la transición de los trámites “físicos” a los “remotos”, proceso que se vio bruscamente acelerado por el impacto de la pandemia de Covid-19, encuentra inconvenientes en el camino para las asociaciones civiles y fundaciones que conforman el amplio universo de sociedades no comerciales que atiende la IPJ.

En los últimos meses, han crecido los clubes de barrio, cooperadoras de escuelas y de hospitales públicos, asociaciones de amigos de museos, bomberos voluntarios y bibliotecas populares en situación irregular para funcionar porque tienen problemas para completar trámites que van desde la aprobación de balances hasta la renovación de sus autoridades.

“Hay muchas consultas, es así, tenemos un termómetro que nos está diciendo esto”, dice Andrés Guzmán, secretario de Registros Públicos de Córdoba. “El año pasado se dio una prórroga por Covid, y si bien fomentamos el uso de medios digitales y virtuales para hacer las asambleas, algunos no las hicieron, se acogieron a la extensión y las pospusieron”, agrega.

“Como norma general, hemos decidido que la prórroga del año pasado fue una excepción total, única, por la contingencia sanitaria. Pero 2021 es un año regular, con las obligaciones del caso, las restricciones no son las mismas y hay formas de abordarlas”, amplía el funcionario que, en paralelo, está en plena negociación con el Colegio de Escribanos de Córdoba, que consiguió una nueva prórroga para la digitalización completa del Registro de la Propiedad.

INCONVENIENTES Y CONSECUENCIAS

El núcleo de los problemas que algunos responsables de las asociaciones y fundaciones denuncian está en dos procesos: por un lado, en la atención al público. La mesa de entradas de la “vieja” IPJ del bulevar Illia ya no existe y todo se debe canalizar por la web.

Incluso la atención se trasladó 100 por ciento a Facebook, la red preferida de la Provincia para hacer consultas por trámites en prácticamente toda la administración.

Si bien existió por un breve tiempo una sede renovada y amplia en la calle La Tablada, dejó de usarse con la pandemia.

Por otro lado, advierten complicaciones para realizar las asambleas (tanto presenciales como virtuales), procedimientos clave para la aprobación de balances y renovación de autoridades.

El problema es que, sin todos los papeles en orden, no están regulares, algo que les impide, por ejemplo, tramitar subsidios o donaciones, golpeando las ya afectadas finanzas de la mayoría de estas organizaciones.

Oficialmente, la IPJ calcula que hay unas 12 mil organizaciones no gubernamentales en Córdoba, de las cuales unas seis mil están desactivadas. Las otras seis mil tienen algún grado de actividad, pero sólo la mitad está regular y al día con todos los trámites. El resto, “entre 2.500 y tres mil”, dice Guzmán, “deben algo, en muchos casos, uno o dos balances”.

Para Alicia Della Costa, abogada especializada en trámites para este tipo de organizaciones, “los problemas son muchos y muy variados porque cada asociación o fundación tiene su propio estatuto, en algunos casos creado hace décadas”. “Todo esto genera incompatibilidades de toda clase con el proceso de digitalización que dispuso la IPJ sin un período de transición”, apunta.

“Han creado un sistema que para funcionar tendría que prever todos los problemas que pueden surgir y tener en cuenta una solución para cada uno de esos casos. Es muy complicado, casi imposible, combinar estatutos de 1950 con la normativa digital simplificada actual. Si hubieran sacado una resolución diciendo que todas las asociaciones deben generar un nuevo estatuto modelo que compatibilice con el de la IPJ, estaría bien, pero eso no ha pasado”, describe Della Costa.

DONACIONES Y ELECCIONES

En la lista de organizaciones con problemas está, por ejemplo, la Cooperadora del hospital San Roque, que está tramitando una donación del Consulado de Japón, pero no han podido regularizar la situación de la ONG. Tiene que estar al día con los balances para recibir el aporte.

Otro caso, de las decenas de ejemplos, es la Asociación de Amigos del Museo Caraffa, que tiene más de dos mil asociados y que está “en un limbo” –según Della Costa– porque el estatuto prevé que los mandatos duren dos años, pero los cargos titulares se renuevan por mitades cada año. “Le he tratado de explicar por Facebook a la IPJ de la situación de la renovación parcial, que debo poner un comienzo de mandato, que el año pasado no hubo elecciones por la pandemia, pero no consigo que me den una respuesta, me parece que quienes están del otro lado, que no sé quiénes son porque no los veo, no entienden y no lo pueden resolver”, explica Della Costa en referencia a uno de los al menos 40 casos que le llegaron este año.

Guzmán reconoce que hay muchas consultas y dificultades que se derivan de la diversidad de estatutos y requisitos que tiene cada entidad. “Algunos tienen que publicar la celebración de la asamblea 15 días antes, otros un mes, otros tienen que publicar en un diario, otros en el Boletín Oficial, hay diferentes situaciones”, explica. En referencia a la rotación parcial de autoridades, aclara que “no son muchas, es muy excepcional”.

Para este tipo de casos poco frecuentes, Guzmán dice que está la posibilidad de solicitar un turno personal con un jefe de área para acordar una videollamada que dura lo que sea necesario para evacuar el problema. Según Della Costa, pidió tres turnos para una llamada de esta clase y nunca lo consiguió. “Debe ser que están colapsados”, calcula.

EL VOTO Y EL SECRETO

Uno de los temas que se advierten como complicados para resolver de manera digital es el de las asambleas y el voto secreto.

En un colegio de la zona norte, la cooperadora debe renovar autoridades luego de no haberlo podido hacer en 2020 por la pandemia.

El tema es que como son más de 10 personas, deben hacerlo online. “No hay problema, me han aprobado varias asambleas de este tipo, pero para mí, es inconstitucional”, dice Della Costa, que tiene a cargo la asamblea en esa ONG.

“Se está violando el derecho al voto secreto, que está establecido en los estatutos. Cuando hay una lista única, no hay problema, pero en ese colegio hay tres: tengo una asamblea el 9 de septiembre y no saben cómo organizarse porque al ser virtual tienen que levantar la mano en la videoconferencia y decir por quién votan, y algunos no quieren que se sepa”, describe.

Hay una alternativa, que ya han usado algunas organizaciones más grandes, pero implica pagarle a una empresa que les provea un software especial a través del cual se puede votar “apretando una tecla”, dice la abogada.

El tema es que no es gratis, entre 10 mil y 20 mil pesos, algo que muchas asociaciones pequeñas no pueden afrontar.

SIN PRÓRROGA

Guzmán asegura que no habrá una prórroga generalizada de nuevo, “porque la situación del año pasado ya no es tal, ya los medios digitales y virtuales se han difundido, todos se han adaptado más, hay muchas entidades que lo incorporaron y ya cumplieron con los plazos, se han dado capacitaciones”.

Los abogados consultados dicen que la virtualización funciona, y muy bien, cuando se trata de la atención del universo de sociedades comerciales, donde la IPJ tiene, en parte, intervención, junto con otros organismos –como la Afip– y la Justicia, en el caso de las SRL.

Las complicaciones saltan a la luz con las ONG, que dependen de la IPJ para todo y que, además, como no persiguen fines comerciales, no les es tan fácil incluir en sus costos los gastos en tecnología y asesoramiento.

Fuente: Pablo Petovel – La Voz del Interior

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