Ganancias: un cambio serio aún pendiente

Hubiera sido mejor plantear metas de mediano plazo y llegar a ellas en varios años.

La aprobación de la reforma al impuesto a las Ganancias, la semana pasada en el Congreso, deja cierta desazón. Si bien el Ejecutivo logró sacar un proyecto por consenso, en el apuro político se sancionó una norma que no ataca los principales problemas que tenía la ley.

Para peor, es bastante difícil que el Gobierno vuelva a enviar una iniciativa el año próximo, salvo que después de las elecciones logre mayoría legislativa.

Por lo tanto, lo más probable es que se mantenga el texto de una ley que tiene distorsiones e inequidades y que hoy está bastante alejada del objetivo de ser un tributo progresivo que grava la elevada capacidad contributiva.

En casi todo el mundo, el impuesto a la renta o sobre los ingresos (la discusión semántica sobre si el salario es ganancia no tiene ningún sentido) es uno de los pilares del sistema tributario; sobre todo, el gravamen sobre personas físicas.

En Argentina, en cambio, sólo 22 por ciento de los recursos fiscales provienen de Ganancias, mientras un impuesto regresivo como el IVA contribuye con 30 por ciento, y los aportes sobre la seguridad social (gran parte de ellos, un verdadero impuesto al trabajo formal) recaudan 27 por ciento del total.

Fuera de foco

En la discusión de fin de año sobre la reforma de Ganancias, se vio claramente cómo los criterios de equidad, progresividad y racionalidad no estuvieron presentes en el análisis.

Las negociaciones priorizaron subir un “número” fácil de comunicar en el relato: el llamado “mínimo no imponible”, para que menos trabajadores empiecen a tributar. Por eso, el acuerdo se centró en mejorarle la situación a los empleados en relación de dependencia o a los jubilados, sin tener en cuenta la situación de los trabajadores autónomos, quienes no tienen sindicatos que protesten.

En pos de este objetivo de que menos empleados paguen, y para no afectar tanto el costo fiscal, se dejó de lado la modificación más interesante que tenía el proyecto original del Ejecutivo: una actualización gradual de la escala de alícuotas (muy leve en 2017, pero más importante hacia 2019) que tiene los mismos valores desde 2001.

Esta escala es la que hace que el impuesto sea progresivo. Una suba de los límites en cada escalón de alícuotas hubiera hecho que esta progresividad se extendiera hasta los niveles de quienes más ganan.

Como quedó ahora, en cambio, sólo el sector de ingresos medios está alcanzado por alícuotas crecientes. Quien empieza a tributar, recibe rápidamente las tasas más elevadas (27, 31 o 35 por ciento). Pero quien está más arriba ya tributa el 35 por ciento, por lo que los aumentos de ingresos sólo generan subas proporcionales del tributo.

Actualización automática

Un punto que también refleja la influencia de los sindicatos es el indicador para actualizar los parámetros.

El haber incluido el ajuste automático es un paso correcto. Pero la intención de favorecer a los empleados hizo que todos los valores se actualizaran por el indicador basado en las remuneraciones del sector formal, sin tener en cuenta que la “cuarta categoría” se refiere a todo tipo de rentas del trabajo personal.

Por el contrario, la capacidad contributiva de un ingreso no se mide por la evolución salarial sino por su poder de compra, es decir, por la inflación, que debería haberse tomado para el ajuste.

Es indudable que el costo fiscal de un alivio impositivo muchas veces limita una reforma de fondo. Pero hubiera sido interesante plantear metas de mediano plazo y ajustar la ley para que se pueda llegar a ellas en varios años, en lugar de un texto tan cerrado como el que se votó y que será difícil de modificar.

Fuente: La Voz del interior