Ganancias: a quiénes favorece el cambio gradual que propone el Gobierno

Para provincias, el impacto será 0,6% del PIB, menor que el de las propuestas opositoras. Los cambios están lejos de lo prometido, pero por ahora conforman a la CGT.

El Gobierno nacional aún no tiene definido cuándo enviará al Congreso el proyecto de modificaciones al Impuesto a las Ganancias en la categoría que pagan los trabajadores en relación de dependencia, aunque implícitamente su discusión ocupará un lugar central cuando en los próximos días Diputados avance en el análisis de la propuesta de Presupuesto 2017.

Sucede que la que será la primera “ley de leyes” del gobierno que preside Mauricio Macri contiene en su capítulo de los ingresos previstos para el año próximo los cambios contemplados en Ganancias y que por estos días ajustan técnicamente en el Ministerio de Hacienda, que encabeza Alfonso Prat Gay.

Esos cambios estarán lejos del compromiso de la campaña electoral del entonces candidato presidencial de Cambiemos de que serían de fondo y apuntados a terminar pronto con el “impuesto al trabajo”, como en su momento se lo reclamaron al gobierno de Cristina Fernández y hasta hace poco a Macri los dirigentes sindicales de las CGT moyanista y barrionuevista de entonces y la unificada de ahora.

Sin embargo, tienen a favor en esa tenida con esta CGT de conducción triunviral el hecho de que las modificaciones –aun cuando serán “graduales” o “razonables”– contemplan no sólo el aumento del mínimo no imponible a partir del cual se paga el gravamen, sino también cambios en las escalas, por primera vez desde su instrumentación (1999, José Luis Machinea, ministro de Economía).

Ajuste gradual

La gradualidad que definió el principal tándem político gubernamental de Prat Gay y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, obedece ante todo a la necesidad de no profundizar el ajuste hacia un menor déficit fiscal, en función de una necesidad política: el Gobierno requerirá recursos que le posibiliten un resultado en las elecciones legislativas de medio término capaz de generarle propia masa crítica hacia adelante, algo en lo que también tendrá a favor con la toma de deuda externa.

El Gobierno encontró en las administraciones provinciales los aliados para esta “gradualidad” en los cambios en un impuesto de recaudación segura, que significa un peso de cada cinco de todos los ingresos fiscales, y que serán claves al momento de la discusión del proyecto en el Senado. Resulta obvio si se tiene en cuenta que más de 50 por ciento de la recaudación de Ganancias va a las provincias; de allí que hayan recibido complacidos los lineamientos generales de las reformas que el martes pasado les anticipó Prat Gay a sus pares de las 24 provincias en la reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal y que quedó asentado en un comunicado.

En el fondo, los cambios que les adelantó Prat Gay significarán un costo fiscal de unos 27.000 millones de pesos, casi la mitad de los alrededor de 50.000 millones que representó en 2016 a partir del aumento del mínimo no imponible que decretó el Ejecutivo, aun cuando Ganancias haya alcanzado a mayor cantidad de personas después, tras los aumentos salariales en las últimas paritarias.

Las provincias, por supuesto, adelantaron su respaldo a la propuesta que les anticipó Prat Gay; en términos macroeconómicos, les resulta por demás ventajosa en comparación, por ejemplo, con otros proyectos de modificaciones presentados por la oposición: el impacto entre 2017-2019 será de una baja de menos de 0,6 por ciento del PIB contra dos a 3,7 por ciento de las propuestas de la oposición.

En síntesis, los cambios consisten en un estiramiento de la tabla de alícuotas en los próximos tres años; una concentración de los beneficios en los que son alcanzados con menores ingresos; nuevas alícuotas marginales para quienes están en el uno por ciento de mayores ingresos; una eliminación de deducciones obsoletas, reemplazadas por la red de seguridad social; una alícuota especial reducida (dos por ciento) para quienes pagan el impuesto por primera vez; un moderado incremento del mínimo no imponible (entre 15 y 17 por ciento, en línea con la inflación prevista).

Al visto bueno de los gobiernos provinciales también contribuye la pérdida de recursos que a sus arcas les supondrían los proyectos de cambios presentados por la oposición.

De mayor a menor cercanía con los 27.000 millones de pesos previstos por el Gobierno, se ubican los presentados –“no por casualidad”, les dijo con ironía Prat Gay a los ministros– por la diputada Elisa Carrió (36.000 millones); seguido por los del jefe del bloque del PJ-FPV en el Senado, Miguel Pichetto (47.000 millones), y los del diputado del Frente Renovador Sergio Massa (90.000 millones de pesos).

Desde el FPV en Diputados, su jefe de bloque, Héctor Recalde, dijo a este diario que aún no tienen un proyecto único y que empezarán a debatirlo el martes próximo. Y recordó que él presentó uno tendiente a sustituir el impuesto en el caso de los asalariados por otro a “los altos ingresos”: minería, juegos de azar, jueces y “aumento” a la renta financiera.

Excepción en puerta
El pasado viernes, durante la convención anual del Iaef en Córdoba, el ministro Alfonso Prat Gay afirmó que el Gobierno evalúa una excepción del pago de Ganancias en el aguinaldo. “Lo estamos considerando y seguramente lo vamos a hacer, diferenciando entre los que ganan más de un millón de pesos y 20 mil pesos”. La declaración se produjo después del cónclave de cuatro ministros con sindicalistas en el que se acordó una tregua de 10 días para que el Gobierno analice los reclamos de la CGT.

Fuente: La Voz del Interior