El atajo previsional para no hacer el ajuste político

Si la falta de recursos hoy condiciona seriamente las cuentas públicas, lo hará todavía más a futuro.

En la Argentina el problema previsional es profundo y lo será cada vez más, en la medida en que la población siga mejorando sus condiciones de vida y, por ende viviendo más tiempo. Hoy, el 10,5 por ciento de los argentinos tiene más de 65 años y en 2050 serán casi el doble: 19 por ciento.

Es decir que si la falta de recursos hoy condiciona seriamente las cuentas públicas (de la Nación y de las provincias que no han transferido sus cajas) lo hará todavía más a futuro.

Pero lo que sucede en términos de edad con la población no es el único problema, ni el más gravoso. De los 6.805.192 jubilados y pensionados nacionales que tiene Argentina, 52 por ciento accedió por moratoria; es decir, compró 30 años o los que le faltaran para acceder a una jubilación mínima, según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social del Ministerio de Economía de la Nación, al primer trimestre de este año.

Muchos de esos beneficios repararon una situación de vulnerabilidad y falta de derechos. Pero hubo casos de jubilaciones dadas pese a que la situación del beneficiario no lo ameritaba y, sobre todo, igualando al que accedía por derecho con quien compraba aportes. La reforma previsional tiende a despegar esta situación, mejorando el haber de quien cumplió los 30 años: desde enero recibiría el 82 por ciento de un salario mínimo.
Pero eso no cambia las cuentas públicas, porque los 3,6 millones jubilados por moratoria seguirán cobrando los aumentos. Entonces, el primer dato es que se duplicó la cantidad de pasivos a quienes hay que pagarles el beneficio (el promedio de haber es de 9.403 pesos) entre 2006 y 2016 sin que se hayan hecho aportes. El segundo dato, el de fondo, es que hay poca gente que aporta: 11.733.837 trabajadores. La relación da 1,7 activo por cada pasivo, cuando las ecuaciones para la autosustentabilidad arrojan 4 a 1.

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El problema es que hay cinco millones de trabajadores que en la Argentina no aportan. No sustentan el sistema ahora y serán un problema cuando se jubilen porque la seguridad social deberá proveerles algún beneficio, aunque sea mínimo, lo que terminará perjudicando a los jubilados genuinos. Blanquear a esos trabajadores mejoraría la ecuación previsional: pasaría a 2,5 activos por pasivo.

Ese es el eje de la previsión social. A los jubilados se les tiene que garantizar que el haber no va a perder frente a la inflación, como buscan los trabajadores con sus gremios que cortan calles, privilegio que no tienen esos cinco millones. Está claro que el cinco por ciento que se calcula que se les dará en marzo con la cuestionada fórmula no compensará la inflación devengada desde septiembre, que es cuando recibieron el último aumento.

La fórmula que hoy existe tampoco es un paraguas seguro porque se conforma con la evolución de impuestos previsionales cuya recaudación va a bajar.

La reforma previsional que se intentó ayer debatir en el Congreso es un manotazo al que adhirió toda la política con tal de no hacerse cargo de ajustar la política. Les da aire a los gobernadores y a las estrellas del universo de Cambiemos para seguir haciendo lo de siempre, con algún maquillaje extra. De ahí vendrá el 60 por ciento del ajuste fiscal que el Gobierno proyecta para 2018.

El principio de solución está en tres ejes. Uno, en la reforma laboral, en el capítulo que blanquea a los trabajadores sin aportes. Dos, en la reforma tributaria, que dispone una rebaja gradual de aportes patronales y tres, en el intento de acotar los juicios laborales, para convencer a la Pyme de que no empeñará la empresa si contrata dos trabajadores más. No se podrá equilibrar el sistema jubilatorio ni mejorar en serio los haberes si hay tan pocos laburantes para casi siete millones de pasivos. Es un problema ahora y lo será a largo plazo.

Fuente: La Voz del Interior