Congelamiento de precios: 7 antecedentes de la historia argentina que fracasaron en frenar la inflación

La iniciativa del nuevo secretario de Comercio, Roberto Feletti, de congelar 1.200 productos hasta enero ya fue utilizada en el pasado. Y más allá de logros de corto plazo, no suelen cambiar la dinámica de los precios

14-10-2021 – La incorporación al Gobierno del secretario de Comercio, Roberto Feletti, trajo la novedad de que el Gobierno aspira a un amplio acuerdo de precios con el objetivo de intentar paliar una inflación que navega por encima del 50% anual. La idea no está carente de antecedentes en la historia económica argentina y, en base a esos casos previos, se puede explicar la poca expectativa que genera: aunque supieron obtener resultados en el corto plazo, ese tipo de acuerdos nunca lograron sostener en el tiempo una baja de la inflación.

Con Precios Cuidados como eje de la política de precios durante el Gobierno de Álberto Fernández y los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, más un breve intento del ex presidente Mauricio Macri en medio de las elecciones de 2019, no hay que mirar tan atrás para encontrar intentos de frenar a los precios a través de una planilla. Pero los últimos ensayos son sólo eslabones en una larga cadena de ocasiones en las que gobiernos de distintos colores políticos quisieron frenar a la inflación controlando precios.

Segundo plan Quinquenal

La primera experiencia a la que se puede recurrir data de 1952, como parte del “Segundo Plan Quinquenal” de Juan Domingo Perón. Se creó una comisión nacional de precios y salarios y se instauró un sistema de negociaciones salariales bianuales, que empezó con una fuerte caída de los salarios reales. Además, se realizó un plan de austeridad, con una caída del 23% en el gasto público en términos constantes entre 1950 y 1953, al mismo tiempo que se retrasaron las tarifas de servicios públicos y se aumentaron los subsidios en bienes básicos.

En 1955, ya con un gobierno de facto, la situación externa se volvió insostenible, por lo que el plan del gobierno era contraer el déficit de empresas públicas y aplicar una fuerte política monetaria. Nada de esto pudo ser sostenido por la situación social, y la inflación volvió a dispararse finalizando el año 1958.

Onganía

En 1967, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, se aplicó un congelamiento voluntario de precios centrado principalmente en productos industriales. El plazo del acuerdo fue de seis meses, mientras que el congelamiento de salarios fue de 18 meses por ley. Además, se fijó un esquema de tipo de cambio fijo y se frenó el aumento de las tarifas públicas. Luego, fue complementado por políticas de precios máximos para productos de primera necesidad.

El antecedente de Gelbard

El tercer acuerdo, conocido como Pacto Social, fue impulsado por el ministro José Ber Gelbard en 1974, que arrastraba una inflación cercana al 80%. El Gobierno aplicó un programa de precios y salarios en el Acta de Compromiso Nacional, firmada por trabajadores, empresarios y el Gobierno. El objetivo fue establecer una nueva distribución del ingreso en favor de los trabajadores, a través de un aumento en los niveles salariales y de las asignaciones familiares, que luego se trató de mantener a través de la intervención sobre el proceso de formación de precios.

El plan funcionó, con un descenso de la inflación y crecimiento económico. Pero al poco tiempo, la falta de consistencia con una política monetaria y fiscal expansiva generó tensiones entre las partes del acuerdo y un fuerte retraso en las tarifas y el tipo de cambio, lo que desembocó en menos de 2 años derivó en lo que fue el primer gran precedente de la hiperinflación, con lo que se dio en llamar el “Rodrigazo”, cuando el ministro Celestino Rodrigo liberó los precios y abrió las paritarias, y las empresas públicas no podían sostenerse con las tarifas congeladas.

La tregua de Martínez de Hoz

El ex ministro de Economía, José Martínez de Hoz, estableció hacia 1977 una “tregua de precios“ por 120 días, y una reforma financiera, que “consistió básicamente en una desregulación del sistema y una eliminación de los techos a las tasas nominales de interés”, como lo describe Juan Carlos de Pablo un discurso en el Banco Central de Uruguay a fines de la década del 80.

“Se ha empezado a trasladar a los precios la inflación futura… Hoy, a un año de distancia del comienzo del Proceso, y en circunstancias distintas, debemos recurrir a otro tipo de terapia. En este acto hago una formal convocatoria a los empresarios para que absorban el aumento salarial de marzo y mantengan su nivel de precios de fines de febrero, sin trasladar en forma generalizada nuevos aumentos de precios de sus productos durante un período transitorio, que estimativamente podrá ser de unos 120 días, quizás menos…”, dijo Martínez de Hoz, citado por De Pablo.

Terminada la tregua, la inflación volvió por eso, a fines de 1978 se estableció la tablita cambiaria para desindexar la economía, tablita que iba a terminar en otro salto inflacionario.

Diferentes experiencias, con modificaciones cosméticas y set de productos y servicios seleccionados, se fueron experimentando en la década siguiente, algunas con medidas de abastecimiento, vedas al consumo de carne, importaciones de pollos, como vanos intentos para estabilizar los precios entre oferta y demanda, se experimentaron en la década siguiente, sin lograr nunca quebrar lo que ya se estaba consolidando una historia larga y de alta inflación.

El Plan Austral

Ya en el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1985, se lanzaron medidas para sanear el déficit fiscal y el compromiso de no financiar con emisión el déficit del sector público y se instaló al Austral como moneda, equivalente a $1.000. Para concluir el proceso, se consensuó un acuerdo de congelamiento de salarios, precios, tarifas y tipo de cambio, con lo que la inflación se redujo notablemente.

Finalmente, el proceso de saneamiento del déficit fiscal no pudo ser concretado, el frente externo continuó debilitándose y la distorsión de precios relativos fue desmedida. La política de tipo de cambio se tornó insostenible, lo que llevó a una mayor incertidumbre y generó una espiralización de la tasa de inflación, que finalmente derivó en la hiperinflación de 1989.

Sólo la crisis hiperinflacionaria de 1989 y 1990, generó el espacio para ensayar un corset monetario que posibilitara volver a registrar en más de 70 años un período de estabilidad de precios, incluso con meses de deflación, sustentado en tipo de cambio fijo y aumento de la deuda en dólares, bajo la presidencia de Carlos Menem, y Domingo Cavallo en Economía. Pero una vez más, el enamoramiento del tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar, mientras se descuidaba la sustentabilidad de las finanzas públicas, y el avance de reformas estructurales, se llegó a una nueva crisis a fines de 2001-2002.

Kirchnerismo y Macrismo

Ya con Néstor Kirchner como presidente, se mantuvieron precios regulados sobre las tarifas de los servicios públicos, pero también administrados sobre los aranceles de la medicina prepaga, educación privada, medicamentos.

Con Cristina Kirchner en la Casa Rasada, a partir de fines de 2011, se agudizaron las restricciones a la economía con la fijación de cepos cambiario y control de importaciones que volvieron a general presiones futuras de alzas de precios, sólo disimuladas por la intervención del Indec en 2008. También, a lo largo de sus dos mandatos, se implementaron esquemas de “precios cuidados”, usos y abusos de la política monetaria y un largo default de la deuda pública.

Un informe de Invecq sobre 5 intentos históricos de controlar precios muestra que los efectos de esas iniciativas son de muy corto plazoUn informe de Invecq sobre 5 intentos históricos de controlar precios muestra que los efectos de esas iniciativas son de muy corto plazo
De más corto alcance, el ex presidente Mauricio Macri protagonizó su propio intento de control de precios en el año 2019. Incluyó un freno a los aumentos de tarifas de servicios públicos, el programa Precios Esenciales que emuló a Precios Cuidados y una negociación más informal de los aumentos de combustibles, que se extendieron entre abril de 2019 y enero de 2020. De la mano de políticas monetaria y fiscal fuertemente contractivas, los resultados poco tuvieron que ver con lo que vino después.
Patas cortas

Un informe de Invecq que analiza los principales cinco ensayos se detiene en señalar que los acuerdos de precios, ya sean decretados o acordados, suelen tener un efecto inmediato en la dinámica de la inflación. Pero ese efecto es de corto plazo y, sólo terminan siendo útiles, si se los complementa a la par con programas económicos integrales que ataquen además las raíces fiscales y monetarias del problema.

Con una serie de precios que se inicia en cada lanzamiento de los acuerdos, el estudio muestra que los acuerdos de precios tienen patas cortas.

“Podemos destacar que los acuerdos de precios y salarios han sido necesarios y han tenido un efecto notorio en los procesos de desinflación en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano o largo plazo, todos han fracasado. Esto se debe principalmente al desequilibrio de las cuentas fiscales y externas, como consecuencia de que se intentan frenar determinadas variables nominales como el tipo de cambio o las tarifas, que no van en línea con el equilibrio sustentable de la economía de largo plazo y terminan en peores consecuencias para la economía en su conjunto”, concluyó un informe de Invecq que evalúa los resultados de los antecedentes.

Fuente: Infobae