Alberto Fernández y el «síndrome de Córdoba»: cuando las promesas de asistencia no alcanzan para mejorar un clima enrarecido

A fuerza de obras públicas, el Presidente intenta recomponer relaciones con una de las provincias más anti-K. Pero siempre aparece una nueva complicación

26-08-2020 – A Alberto Fernández nunca parece alcanzarle los gestos de acercamiento político para terminar de disipar la desconfianza que despierta en las provincias de mayor sentimiento antikirchnerista, empezando por Córdoba.

En las tierras de Juan Schiaretti, hoy atribulado por la tragedia ecológica y económica de los incendios forestales en las sierras, tuvo gusto a poco la actitud del gobierno nacional. Una llamada telefónica del Presidente, con la promesa de tres aviones y un helicóptero, no hicieron más que intensificar las críticas ante una catástrofe natural que los expertos en el tema califican como previsible.

En medio de la desesperación por el avance de las llamas, el desastre natural se empieza a transformar en crisis política y ya se generó una ola de críticas en las redes sociales para con el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

Es una situación que hace parecer muy lejana la reunión por video que, apenas una semana atrás, había mantenido Alberto Fernández con cinco gobernadores provinciales a quienes quería confirmarles el envío de fondos para la concreción de obras públicas.

Schiaretti había sido el elegido principal, luego de que en Córdoba se produjeran concentraciones masivas de repudio al Gobierno, en el marco de la jornada opositora del 17 de agosto.

«Terminemos con esta historia de que Córdoba era una cosa aislada del resto del país. ¡Somos lo mismo!», fue la comentada frase del Presidente, a quien se lo percibe en un intento –por ahora, no correspondido, y aparentemente cada vez más difícil de concretar- por hacer las paces con los ciudadanos de la provincia mediterránea.

Alberto tiene motivos poderosos para querer recomponer esa relación. En la calculadora política, por el peso de Córdoba, segunda mayor provincia en población, y por lo tanto en electores y representación parlamentaria. Y, en un sentido más general, porque es uno de los distritos de mayor visibilidad del país, centro de la zona agroindustrial más dinámica y donde se moldea la opinión pública de gran parte del interior del país.

De hecho, el Gobierno ya se hizo a la idea de que no podrá avanzar con sus proyectos más polémicos si tienen simultáneamente en contra a la clase política de Córdoba y Santa Fe. Ya le pasó con el caso Vicentin, en el cual el gobernador Omar Perotti –atendiendo a su propia estabilidad política- convenció al mandatario de dar marcha atrás con el proyecto de estatización.

Y ahora, todo indica que le volverá a pasar con Córdoba, sin cuyo crucial apoyo legislativo es probable que naufrague el controvertido proyecto de reforma judicial.

Por si no fuera un mensaje lo suficientemente directo el hecho de que los manifestantes del 17 de agosto concurrieran con carteles con fotografías de los cuatro diputados nacionales del sector de Schiaretti, junto a la exigencia «No den quórum», se agregó un dato lapidario de una encuesta de Management & Fit: un 65% de los electores cordobeses rechazan esa reforma.

El gobernador, que viene acumulando reveses de todo tipo en su gestión -incluyendo conflictos sindicales en el transporte, graves acusaciones contra la policía provincial, empeoramiento en las cifras de la pandemia y, ahora, la catástrofe de los incendios– no parece estar en situación de agregarse un nuevo motivo de malhumor social en su frente interno al apoyar una reforma judicial cuya viabilidad que el propio peronismo se empieza a cuestionar.

La difícil búsqueda de la reconciliación

Alberto Fernández siempre tuvo en claro ciertos errores de Cristina Kirchner que debía evitar a toda costa, y entre los más importantes de esos errores figuraba el enfrentamiento con gobiernos provinciales –y, por extensión, con las provincias enteras- que no tuvieran un alineamiento político. Quedó demostrado que, a la larga, el costo político de soltarles la mano a los «rebeldes» siempre terminaba siendo alto.

Cristina aplicó la política de premios y castigos de varias formas. La principal fue la asfixia financiera, y tuvo como principal víctima el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli, que sólo podía cubrir un 38% de sus recursos fiscales con las transferencias del gobierno nacional, mientras que las demás provincias recibían ayuda por 60% de sus presupuestos. Eso obligaba a Scioli a apretar cada vez más la presión tributaria provincial, en medio de permanentes protestas gremiales, y un año llegó al extremo de no poder pagar el aguinaldo de los estatales.

Y otra provincia particularmente castigada fue Córdoba, que debió hacer frente a dificultades en los pagos de jubilaciones y fue relegada para obras públicas. El momento de enfrentamiento máximo con el kirchnerismo ocurrió durante la huelga policial de 2013, cuando el gobierno nacional no atendió los pedidos de José Manuel de la Sota para que se enviara la gendarmería, y la provincia se sumió en un caos de violencia y saqueos. La discriminación hacia Córdoba quedó en evidencia cuando más tarde -en medio del «efecto contagio» de las huelgas policiales- sí se envió la Gendarmería a otras provincias.

En ambos casos, el costo de esos enfrentamientos fue elevado en términos políticos, y los resentimientos se extienden hasta hoy.

Consciente de ese problema, durante la campaña electoral el entonces candidato Fernández hizo la promesa de que, en caso de llegar a la presidencia, ejercería el poder en una forma casi colegiada con los gobernadores provinciales, que ya no tendrían que humillarse a rogar por transferencias de recursos, sino que serían tratados como iguales.

Y la provincia de Córdoba tuvo en su estrategia un lugar central, al punto de que fue el territorio elegido como cierre de campaña –al que asistió sin su compañera de fórmula, Cristina Kirchner-. «Olviden las rencillas del pasado, miremos para adelante», decía Alberto, entre promesas de «volver mejores».

El 29% de los votos que logró en las urnas cordobesas puede parecer escaso frente al 61% que apoyó a Mauricio Macri, aunque implicó una notoria suba del «piso» de 19% al que había caído Daniel Scioli en 2015. Pero también había dejado un dato muy en claro: como en la elección a gobernador provincial los candidatos macristas habían obtenido sólo 30%, eso significaba que entre los cordobeses que votaron a Macri para presidente había más de la mitad de los votantes de Schiaretti.

Macri en la Nación, Schiaretti en Córdoba, esa fue la combinación elegida por abrumadora mayoría en la provincia que desvela al peronismo Y el diagnóstico realizado fue que para volver a ganar el favor de los cordobeses había que copiar algunas de las tácticas macristas: por ejemplo, cambiar apoyo legislativo por obras y recursos fiscales.

Entre la billetera y la tijera

El plan de Alberto se viene cumpliendo, aunque no sin dificultades y retrocesos.

En algunos casos, el motivo fue el campo. El Gobierno nacional debutó con un incremento de las retenciones a las exportaciones agrícolas, una iniciativa que no contó con el apoyo de los diputados de Schiaretti. Luego, cuando quedó en claro que la expropiación de Vicentin podría derivar en un enfrentamiento con reminiscencias de la 125, otra vez los diputados cordobeses sintieron una presión de su electorado que los obligó a aclarar –incluso antes que sus colegas santafecinos- que no acompañarían la ley de estatización en el Congreso.

El retroceso del Presidente en el tema Vicentin no impidió que volviera a haber roces. Por ejemplo, cuando se anunció que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), del cual se habían hecho dos pagos, sólo se mantendría para aquellas provincias en situación de cuarentena estricta. En ese momento, eso implicaba dejar sin ayuda a casi todo el país excepto el AMBA y Chaco.

Córdoba lideró la protesta para el mantenimiento de la asistencia, luego de que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmara en público que quedarían sin efecto 390.000 coberturas -dos tercios respecto del régimen inicial-.

El fallido recorte en los planes de asistencia tenía por objeto ahorrarle al fisco nacional $51.000 millones, de los cuales Córdoba, con IFE por $7.400 millones, sufriría la mayor pérdida.

Finalmente, a instancias de Schiaretti, Alberto revisó la decisión, y hoy el IFE va por su cuarta cuota en todo el territorio nacional. Para completar el clima de «buena onda», el Gobierno sacó a relucir su «mini plan Marshall», con refuerzos de partidas presupuestarias para obra pública.

Córdoba figuró en la lista de las más beneficiadas, con la confirmación de obras como la autopista entre Córdoba Capital y San Francisco.

Pero aun así, resultó difícil erradicar el malhumor: el proyecto de ampliación del presupuesto 2020 incluía una ampliación de subsidios para el transporte en el AMBA, mientras que las provincias perdían el beneficio. Justo en ese momento, Córdoba vivía una crisis en ese sector, con un extenso conflicto gremial.

También en ese caso la provincia lideró el lobby, que llevó a que el Gobierno nacional revisara la medida y prometiera un refuerzo, aunque los fondos siguen sin llegar.

El factor Cristina, siempre presente

Pero, más allá de esos tironeos presupuestarios, la mayor dificultad para que se normalice la relación entre los cordobeses y un gobierno nacional de signo peronista tiene nombre y apellido: Cristina Kirchner.

La ex mandataria sigue siendo una figura resistida por la provincia mediterránea, de manera que cada nueva iniciativa polémica gubernamental con sello K –sin ir más lejos, la reforma judicial– de inmediato genera una reacción defensiva.

Los análisis políticos cordobeses dan como un hecho que los votos de los diputados que responden a Schiaretti están perdidos para esa causa, pero que ello no debería conducir a una crisis. «Sabe que tiene diferencias sustanciales en cuanto al modelo de país. Pero no cometerá el mismo error de Cristina de involucrar a todos los cordobeses en las diferencias políticas que tenga con el gobernador. No va a discriminar ni hará operaciones en contra del Gobierno de Córdoba, como sí lo hizo el cristinismo», cita el diario La Voz a un funcionario de la mesa chica del gobernador.

Pero la cosa está tan clara. Después de todo, la principal interesada en que la reforma judicial salga es Cristina, que tiene un interés personalísimo en ese proyecto. De manera que no todavía está por verse si los cordobeses puedan llegar a sufrir las consecuencias de una falta de apoyo. Y no por casualidad, el kirchnerismo cambió su estrategia y decidió posponer el debate por la reforma, que se realizará luego de la aprobación del presupuesto 2021, donde se confirmarán los aportes para obra pública.

Mientras tanto, para el Presidente, la provincia de Córdoba se ha convertido en el símbolo del difícil equilibrio en el que está implicado desde el primer minuto de su gestión: mostrar la suficiente moderación y ánimo colaborativo para recomponer con los heridos del modelo K, pero sin olvidar los reclamos de la socia principal de la coalición de Gobierno. Un objetivo en el que está mostrando más retrocesos que logros.

Fuente: Fernando Gutiérrez – iProfesional